Samantha Cano Zamora está tirada en el suelo dentro de una bolsa de basura negra en la plaza de ladrillos frente al humilde ayuntamiento de Ixtapaluca, México, a 34 kilómetros al este de la Ciudad de México. A su alrededor hay otras ocho bolsas de basura, cada una con una mujer adentro.

“¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí!” —empieza a gritar.

Otras dos mujeres, que están usando máscaras, empiezan a tirar flores alrededor de la plaza. Por último, Cano Zamora sale de la bolsa, sosteniendo la fotografía de una mujer que fue asesinada en Ixtapaluca y que la habían dejado muerta en una bolsa de basura. Cano Zamora empieza a leer la historia de la mujer asesinada en voz alta para la audiencia.

No Somos Basura fue el primer evento de la serie de performance Paren de Matarnos, organizada por el colectivo feminista Mujeres de la Periferia Para la Periferia (MPPP). El MPPP, que radica en el municipio de Ecatepec, se asoció con colectivos feministas de otros cuatro municipios para la serie, que se realizó a finales del 2020. Los performance se llevaron a cabo en respuesta a la doble pandemia que padecía la periferia de la Ciudad de México: la unión de la pandemia de COVID-19 y la de la violencia de género.

Los 59 municipios conocidos como la “periferia” de la Ciudad de México forman un extenso paisaje de casas autoconstruidas de bloques gris y varillas que tienen una relación entre favelas y suburbios en relación con la Ciudad de México. Si bien todo México sufrió la doble pandemia, la periferia rápidamente se convirtió en su epicentro. Al mismo tiempo que la precaridad económica, el acceso desigual a la atención médica, la falta de equipo de protección personal y la falta de oxígeno dejaron miles de muertos, la cuarentena aumentó la vulnerabilidad de muchas mujeres y niños a la violencia doméstica. Durante 2020, los feminicidios—definidos por las leyes mexicanas como asesinatos motivados por el género—aumentaron un 18.6% en el Estado de México, en cuya zona oriental se encuentran los municipios de la periferia.

Las integrantes del MPPP sintieron la necesidad de actuar. “No era el momento indicado para salir a la calle para protestar” —dice la integrante Carolina Aguilar Navarrete—, “pero teníamos que hacerlo.”

Pero cuando las feministas de la periferia probaron las tácticas de acción directa usadas por las activistas de la Ciudad de México, se toparon con una violenta represión de las autoridades. Les tocó inventar una nueva forma de alzar la voz, para un contexto en el que las formas tradicionales de resistencia eran imposibles.

“El nuevo Juárez”

“Cuando yo hablaba de que venía de Ecatepec,  me trataban como si viniera de Iraq” —dice Fany Morales. “Y ahora, en perspectiva, siento que sí crecí en un ambiente de guerra.”

Desde 2006, los asesinatos de mujeres y niñas en la periferia le han dado al Estado de México una de las tasas de feminicidios más alta del país. Ecatepec, la ciudad de 2 millones de habitantes donde crecieron Aguilar Navarrete y Morales, se hizo particularmente famosa por la violencia de género extrema. “Era el nuevo Juárez” —dice Morales.

Ambas Aguilar Navarrete y Morales sobrevivieron a secuestros en sus propios barrios en su juventud. A Morales la golpearon y la dejaron inconsciente en la estación del metro frente a su casa. Aguilar Navarrete fue detenida por una camioneta mientras caminaba hacia la escuela, la retuvieron a punta de pistola y la dejaron ir solo porque mientras luchaba contra su secuestrador, otra víctima trató de escapar de la parte trasera de la camioneta. Casi todas las mujeres de la periferia tienen una historia de violencia.

Son muchos los factores que contribuyen a los altos índices de violencia de género en la periferia. El Estado de México tiene el mayor número de personas que viven en la pobreza en el territorio nacional. Las oportunidades de trabajo que hay son en su mayoría industriales y ocupadas por los hombres. Esto deja a las mujeres la opción de ser amas de casa o de transportarse dos horas de ida y dos de vuelta a la Ciudad de México en múltiples formas de transporte público.

Las restricciones impuestas por la COVID-19 empeoraron estos factores. El desempleo de las mujeres en México se duplicó durante los tres primeros meses de la cuarentena. Tener hijos en casa empujó a las mujeres a dejar de trabajar y al mismo tiempo aumentó sus gastos. Muchas no estaban acostumbradas a utilizar el internet o no tenían acceso a este. Y para las mujeres en situación de violencia doméstica, no era fácil salir de la casa o hablar por teléfono. Aunque encontraran una forma de hacerlo, muchas oficinas del gobierno estaban cerradas.

Pero lo que las activistas destacan como el meollo  del problema de la violencia de género en la periferia es la forma en que el sistema de justicia del estado concede impunidad a los agresores. Este es un problema en todo México, donde más del 90% de los homicidios no se investigan, pero es aún más marcado en el Estado de México.

“Todo esto pasa por falta de un estado. Los agresores siguen cometiendo los delitos porque no pasa nada” —dice Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios de México, además señalando que en el 40 % de los feminicidios, el agresor ya había sido denunciado a la policía, pero no habían dado seguimiento ninguno.

“Esto no es la Ciudad de México, aquí no van a hacer su desmadre”

El movimiento feminista mexicano ha crecido rápidamente en los últimos dos años, a partir de la llegada del movimiento #MeToo al país en marzo de 2019. Desde entonces, los colectivos feministas se han multiplicado y las marchas han llegado a sumar a miles de personas.

Aunque las mujeres comenzaron a organizarse en todo el país, las fotos de feministas que han circulado internacionalmente en las redes sociales y la prensa son de las feministas de la Ciudad de México. Para sus compañeras del Estado de México, esta visibilidad ha profundizado una arraigada brecha entre la capital y su periferia. Las activistas de la ciudad llaman la atención de los medios de comunicación, pero rara vez van a la periferia, donde se llevan a cabo muchos de los feminicidios y donde las autoridades son mucho más represivas. Aunque muchas activistas de la periferia comenzaron sus trayectorias como feministas en colectivos de la ciudad, con el tiempo se dieron cuenta de que tenían que adoptar un enfoque diferente.

“Las chicas de la ciudad organizaban cosas chidas, cosas que sí se antojan” —dice Morales. Pero no se adaptaban a las necesidades de las chicas de la periferia, por ejemplo programar los eventos más temprano u hospedarlas en la parte norte de la ciudad. “La desigualdad, ni siquiera de oportunidades, sino de vidas, era evidente. La única maner que encontré fue dejar de ir. 22 años de mi vida estuve yendo y viniendo entre el Estado de México y la Ciudad de México y nunca vinieron mis amigas feministas de la Ciudad a mi casa, nunca me acompañaron al Estado.”

Un ejemplo claro de esta división ocurrió a principio de otoño. El 3 de septiembre de 2020, feministas de la Ciudad de México tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, protestando la falta de seguimiento de los casos de las víctimas por parte del organismo. Un pequeño grupo de ellas sigue ocupando el edificio, utilizándolo como refugio para víctimas de violencia.

Como muestra de solidaridad, activistas de Ecatepec tomaron la CODHEM, la oficina local de la CNDH, el 10 de septiembre. Alrededor de la medianoche, la policía tumbó la puerta, gritando, “Ya valieron verga.” Sacaron por la fuerza a las activistas, las metieron en camionetas blancas sin placas ni identificaciones y las golpearon.

“Nos dijeron: Esto no es la Ciudad de México, aquí no van a hacer su desmadre” —dice Madga Soberanes, integrante del MPPP que también participó en la toma de la CODHEM. En el camino, los policías les dijeron a las activistas que las iban a llevar a Toluca, la capital del Estado de México, a 90 kilometros de Ecatepec. Pero en las afueras de la ciudad, las camionetas se desviaron.

“Pensaba que nos iban a desaparecer” —dice Kika Flores, que dirige un refugio para niños víctimas de abusos sexuales y que estaba embarazada de ocho meses en ese momento. “Todas lo estábamos pensado.” Pero otras habían subido videos de sus celulares a Facebook y habían compartido su ubicación con familiares y amigos. Cuando los policías se dieron cuenta de esto, las camionetas tomaron rumbo a la fiscalía estatal de Atizapán, a una hora al norte de Toluca.

Cuando llegaron a Atizapán, Flores estaba tan golpeada que tuvo una fuga de líquido amniótico. Otras personas llamaron a una ambulancia, pero cuando llegó, la policía no la dejó ir al hospital. En vez de eso, pusieron a las mujeres en celdas de detención, después de confiscar sus celulares. También golpearon a los familiares y a los periodistas que esperaban en el estacionamiento. Cuando finalmente liberaron a las mujeres a la mañana siguiente, las acusaron de invadir un edificio.

“Nos violentaron a ese grado por una manifestació pacífica, dentro de nuestros derechos constitucionales” —dice Flores, que tuvo una cesárea de emergencia al día siguiente. Siete meses después, los expedientes de las mujeres aún no se han cerrado, ni les han notificado ningún avance de los casos.

“Es un mensaje de las autoridades: que si intentan hacer algo, esto es lo que hacemos” —dice Aguilar Navarrete.

“Nos queremos vivas, libres, sin miedo y llenas de arte”

“Por nuestra propia seguridad, tuvimos que encontrar otras formas de expresarnos: arte, performance, canciones y otros tipos de activismo” —dice Luna, una activista del colectivo Libertad Morada en Ixtapaluca.

Además de la serie de performance del MPPP, los colectivos feministas del Estado de México han organizado un activismo basado en la poesía, en pintar murales y armar paseos grupales en bicicleta — una respuesta al peligroso transporte público de la periferia. Acompañar a las familias de las víctimas es también una parte importante de su trabajo. Por ejemplo, el MPPP a menudo se comunica con las familias, hace una actuación conmemorativa, las acompaña a sus audiencias y las ayuda a ponerse en contacto con abogados y otros recursos.

Este enfoque ha creado una forma de activismo feminista con prioridades distintas al de la Ciudad de México, que a lo largo del año pasado se ha dividido muy tajantamente en las vertientes de inclusión o exclusión de mujeres trans y de “liberales” contra “radicales”.

“Las del Estado de México hicieron su propio movimiento, en el que son más realista, menos académico” —dice Estefanía Camacho, una periodista del estado. “La clase social las atraviesa, y nunca olvidan que el tema del feminicidio es el tema número uno.” Además, las actividades del movimiento son más inclusivas para las jóvenes. Y aunque el problema del transporte hace que haya muchos colectivos pequeños, mantienen un sentimiento activo de ser aliadas entre sí. “Periferia Unida” es un lema común, junto con, “Las mujeres de la periferia existimos porque resistimos.”

La serie de performance del MPPP comenzó después de que se pusieron en contacto con la familia de Sherlyn Mariel Peréz Carabarin, una joven de 17 años que fue asesinada en julio de 2020 cuando su exnovio se subió a un árbol para entrar a su casa y le disparó dos veces en la cabeza como castigo por no querer volver con él. El performance concluyó convirtiendo el árbol en un altar en honor de Sherlyn. Lo envolvieron con la cinta amarilla de precaución que había servido de utilería en el performance también con flores y mensajes como “hasta obtener justicia” y “Sherlyn vive”.

“Al hacer performance, al meterte en una bolsa de plástico y gritar ‘ayuda’, te pasan mil cosas por la cabeza” —dice Cano Zamora, una de las activistas que colaboró con el MPPP en el performance No Somos Basura. “Encuentras fuerza con una misma. El performance es otra forma de decir que aquí estamos, resistiendo y tomando espacios—otra forma de decir que nuestra protesta es legítima.”

Pero incluso este activismo artístico se ve amenazado por el gobierno. En el último performance de la serie, frente al palacio municipal de Tlalnepantla de Baz, los policías se acercaron a las mujeres. Les dijeron que este no era el lugar para presentar sus quejas mientras hablaban con sus radios, tratando de intimidarlas.

“Les pregunté: Si esta no es la manera, ¿cuál es?” —dice Aguilar Navarrete. “Dije: ‘Estamos manifestando, no estamos haciendo destruyendo nada, no estamos rayando nada, estamos aquí porque Tlalnepantla es uno de los municipios con altas cifras de feminicidios.’ Pero al final me di cuenta de que solo éramos cuatro mujeres y que sí estábamos en peligro, así que eventualmente nos movimos de ahí.”

En el contexto de un gobierno que aprueba y autoriza la violencia de género, las probabilidades están en contra de las feministas del Estado de México. Pero aunque los performance atraen a un público reducido, hacen efecto. “La gente se quedó para mirar y escuchar, y se notaba que hubo un momento de consciencia en observar” —dice Aguilar Navarrete. En algunos performance, algunos familiares de víctimas de feminicidio se acercaban a las activistas para pedir ayuda con sus casos o para ver cómo podían colaborar con el colectivo.

“Tal vez no tenemos recursos, pero tenemos voz y cuerpo” —dice Cano Zamora. “Para mostrar que nuestros municipios, donde nos criamos, deben de tener su lucha.”

Todas las imágenes son de Gabriela Esquivel para Stanley Center.

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